El programa de distribución de agua potable en La Guajira, liderado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo la dirección de Olmedo López, se encuentra en el ojo del huracán. Los 120 carrotanques destinados inicialmente para mitigar la crisis de agua en esta región han comenzado a ser trasladados a Santa Marta para mantenimiento y redistribución, dejando solo ocho vehículos en La Guajira.
Carlos Carrillo, nuevo director de la UNGRD, explicó que los carrotanques se enviarán a una revisión técnica en Kenworth de la Montaña tras permanecer inactivos durante 11 meses. Posteriormente, serán redistribuidos entre varias entidades nacionales y departamentales. Cinco vehículos irán a la Armada Nacional, otros cinco al Ejército y un número igual a la Aeronáutica Civil. Además, se asignarán a 18 departamentos, dejando a La Guajira con solo una fracción del recurso prometido.
La distribución definida por la UNGRD incluye dos carrotanques para municipios guajiros como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. Sin embargo, según Carrillo, algunos alcaldes han mostrado reticencia a recibir los vehículos. A nivel nacional, departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Nariño y Valle del Cauca recibirán dos vehículos cada uno, mientras que regiones como Atlántico obtendrán cuatro.
Carrillo aseguró que se están cumpliendo las obligaciones judiciales con La Guajira, subrayando que este año ya se han entregado más de 120 millones de litros de agua potable en el departamento. No obstante, las críticas no cesan. La decisión de redistribuir los carrotanques es vista por muchos como una señal de improvisación en un proyecto que originalmente se promocionó como una solución estructural para la crisis hídrica en La Guajira.
Este caso refleja la desconexión entre los anuncios gubernamentales y la ejecución real de políticas en territorios vulnerables. Mientras se justifican decisiones administrativas, el desvío de recursos previamente asignados alimenta la desconfianza hacia las instituciones. La Guajira, históricamente olvidada, enfrenta nuevamente el dilema de depender de soluciones parciales y poco sostenibles. Las lecciones de este episodio son claras: sin planificación transparente ni seguimiento riguroso, los proyectos de impacto social se convierten en promesas incumplidas.
