A través del Decreto 1456 de 2024, el Gobierno Nacional anunció la entrega de la condecoración ‘José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial’ a 19 servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, un reconocimiento que busca destacar contribuciones excepcionales al sistema de justicia en el país. Este acto, aunque tradicional, se da en un contexto de marcadas tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes, generando lecturas encontradas sobre su propósito.
La condecoración, dividida en categorías de oro, plata y bronce, premiará a figuras emblemáticas como los presidentes de las máximas cortes: Gerson Chaverra (Corte Suprema), Milton Chaves (Consejo de Estado), José Fernando Reyes (Corte Constitucional) y Alfonso Cajiao (Comisión Nacional de Disciplina Judicial). En la categoría de oro, que exalta méritos excepcionales, los cuatro magistrados recibirán el reconocimiento por su contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia nacional.
En la categoría plata, el decreto premia la consagración al deber de jueces y magistrados regionales, mientras que en la categoría bronce se distingue a auxiliares y secretarios judiciales por su dedicación ejemplar. La ceremonia oficial será encabezada por el Presidente de la República o su delegado en un acto solemne que resaltará la relevancia de estos servidores en la consolidación del Estado de derecho.
Sin embargo, este gesto del Gobierno ha sido interpretado por algunos analistas como un intento de suavizar las relaciones con el Poder Judicial tras varias controversias recientes. La Corte Suprema, por ejemplo, rechazó hace pocos días la Orden Nacional al Mérito ofrecida por la Presidencia, en un gesto que reafirmó su independencia institucional.
La decisión de condecorar a los líderes judiciales plantea un dilema político: ¿es un reconocimiento legítimo a sus méritos o una estrategia del Ejecutivo para acercarse a las cortes en medio de un clima de desconfianza mutua? Si bien los méritos de los galardonados son innegables, el contexto enrarecido por la reciente negativa de la Corte Suprema a recibir una distinción presidencial genera dudas sobre la verdadera intención del Gobierno. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que cualquier acercamiento entre los poderes debe basarse en el respeto de sus autonomías y en la construcción de puentes para fortalecer la institucionalidad del país.
