La negociación del salario mínimo para 2025 tomó un giro inesperado cuando la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) se apartó del resto de gremios empresariales y lanzó su propia propuesta de aumento del 5,2 %. Esta cifra elevaría el salario mínimo actual de $1,3 millones a $1,36 millones, es decir, un incremento de $67.600.
Rodolfo Correa, presidente de Acopi, justificó la propuesta asegurando que busca un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, en un contexto marcado por la indexación de precios y las presiones inflacionarias. “Esta subida es para garantizar un incremento que no empobrezca al trabajador ni asfixie a las empresas”, señaló Correa, quien enfatizó la necesidad de medidas equilibradas en tiempos económicos complejos.
Mientras tanto, gremios como la Andi, Fenalco, SAC y Asobancaria decidieron no presentar aún una cifra concreta para el incremento del salario. Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, lanzar cifras prematuras podría dificultar una concertación. “Nuestro compromiso sigue siendo el de concertar un incremento que permita mejorar el poder adquisitivo real sin comprometer la recuperación económica de las empresas”, afirmó.
El sector empresarial también pidió al Gobierno jugar un papel activo como intermediario en las discusiones. En una carta conjunta, los gremios insistieron en que cualquier decisión debe alinearse con el control de la inflación, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares y el estímulo a la política monetaria para continuar la reducción de tasas de interés.
La propuesta de Acopi refleja las tensiones internas entre los gremios empresariales y evidencia la brecha entre las micro y grandes empresas frente al impacto del salario mínimo en sus operaciones. Aunque las pequeñas empresas buscan evitar cargas que pongan en peligro su supervivencia, necesitan mostrar sensibilidad hacia el costo de vida de los trabajadores. El desafío del Gobierno será mediar para alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades de los empleados con la sostenibilidad económica, en medio de un panorama de incertidumbre.
