El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció públicamente tras los señalamientos de su posible implicación en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los cuestionamientos surgieron luego de las declaraciones en su contra por parte de su exasesora María Alejandra Benavides, quien lo involucró en las investigaciones.
A través de su cuenta en X, Bonilla negó rotundamente haber cometido delitos y manifestó confianza en el proceso judicial. “Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación”, afirmó el ministro en su mensaje.
Compromiso con la transparencia
Bonilla, en un tono firme, aseguró que enfrentará las responsabilidades que le correspondan. “Enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro”, expresó, subrayando su disposición a colaborar con las investigaciones y demostrar su inocencia.
El funcionario también destacó que no utilizará su cargo como una herramienta de defensa personal y rechazó cualquier insinuación de haber recurrido a métodos ilícitos como la compra de silencios. «Nunca he jugado a esquivar la ley comprando silencios y nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa», puntualizó.
Apoyo al presidente y la gestión económica
En su declaración, Bonilla reiteró su compromiso con el presidente Gustavo Petro y con la gestión de las finanzas públicas. Señaló que esta situación no afectará su labor ni expondrá la estabilidad económica del país.
El caso de la UNGRD sigue siendo una de las investigaciones más sensibles del momento, involucrando altos funcionarios y cuestionando la transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo. Por su parte, Bonilla ha llamado a la calma y a permitir que las autoridades judiciales lleven a cabo el proceso correspondiente sin interferencias.
