Durante más de tres días, la carrera Séptima con calle 32 en Bogotá estuvo completamente paralizada debido a un bloqueo protagonizado por campesinos del Guaviare y un grupo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La protesta, que inició el lunes 25 de noviembre, dejó a miles de ciudadanos atrapados en el caos vehicular y generó indignación por el uso indebido de recursos financiados con impuestos.
Los manifestantes, provenientes de zonas rurales del Guaviare, exigían al Gobierno Nacional mayores medidas de seguridad ante la creciente violencia de las disidencias de las FARC en su región. A esta manifestación se unieron 26 camionetas de la UNP, algunas con personal armado, lo que complicó cualquier intento de intervención por parte de las autoridades distritales y policiales. La Alcaldía de Bogotá solicitó el retiro inmediato de los vehículos desde el martes, pero la presencia de armas impidió un desalojo directo, priorizando la seguridad de los ciudadanos y los propios manifestantes.
El bloqueo afectó gravemente la movilidad en una de las principales arterias de la capital. Según Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía, cerca de 27,000 usuarios del transporte público se vieron obligados a modificar sus rutas diarias, mientras miles de vehículos quedaron atrapados en largas congestiones. Silva criticó el uso de camionetas de la UNP en la protesta, señalando que “es inadmisible que recursos públicos sean usados para vulnerar el derecho a la movilidad de millones de bogotanos”.
La administración distrital desplegó un dispositivo de seguridad en la zona, pero las negociaciones con los manifestantes no avanzaron. Los campesinos insistieron en su demanda de protección estatal, argumentando que las condiciones de seguridad en el Guaviare se han deteriorado gravemente y que el Gobierno Nacional no ha dado respuesta efectiva a la situación.
El uso de vehículos de la UNP para bloquear vías públicas no solo es un despropósito administrativo, sino también un claro ejemplo de cómo los recursos estatales pueden ser mal utilizados para intereses particulares. Estas camionetas, financiadas con los impuestos de los colombianos, están destinadas a proteger vidas, no a convertirse en herramientas de presión política.
Más preocupante aún es la incapacidad del Gobierno para abordar el conflicto de manera efectiva. La falta de acción en zonas como el Guaviare, donde los campesinos enfrentan amenazas constantes, refleja un Estado ausente en sus funciones más básicas. Si bien las demandas de seguridad son legítimas, la gestión desordenada de estas situaciones y el abuso de recursos públicos minan la confianza en las instituciones. La solución no puede seguir siendo el bloqueo de ciudades ni el uso indebido de herramientas estatales; debe haber respuestas claras y estructurales a los problemas de fondo que enfrenta el país.
