Adelina Guerrero, esposa del controvertido exembajador y actual asesor presidencial Armando Benedetti, negó públicamente las acusaciones de violencia en su contra, que habrían ocurrido durante su estadía en Madrid a mediados de este año. La declaración busca esclarecer los rumores que han circulado sobre un presunto episodio de maltrato intrafamiliar, en un contexto donde Benedetti ha enfrentado críticas por su regreso al círculo político cercano al presidente Gustavo Petro.
“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos no corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, expresó Guerrero en una declaración emitida recientemente. Sus palabras buscan poner fin a una narrativa que, según ella, ha sido distorsionada con fines ajenos a la verdad.
Por su parte, Benedetti también se defendió en una entrevista, calificando las acusaciones como infundadas y señalando que un juez en España desestimó los cargos de violencia de género en su contra. “No pasó absolutamente nada de lo que han dicho. Fue un problema familiar que extrapolaron. He ganado todas las demandas de calumnia e injuria sobre este tema”, afirmó. Sin embargo, reconoció que otros hechos relacionados con la destrucción de objetos están siendo investigados por la justicia española, aunque se abstuvo de dar detalles.
El incidente ocurrió el 30 de junio en Madrid, cuando las autoridades habrían atendido una denuncia por presunta violencia doméstica. Según los reportes iniciales, Benedetti no fue detenido debido a su inmunidad diplomática como embajador ante la FAO. Guerrero, quien inicialmente no se pronunció, publicó en ese entonces mensajes que generaron más preguntas, incluyendo uno que describía las características de un sociópata.

A pesar de las tensiones públicas y privadas, la pareja ahora ha retomado su relación, como lo demostraron en una reciente aparición conjunta. Sin embargo, las críticas hacia Benedetti no cesan. Figuras como la Defensora del Pueblo, Iris Marín, han cuestionado su nombramiento como asesor presidencial, argumentando que decisiones como esta minan los avances en la lucha contra la violencia de género y envían un mensaje equivocado a la sociedad.
La credibilidad de un sistema político y su compromiso con los derechos humanos depende, en gran medida, de la coherencia entre las acciones y los valores que promulga. El caso de Benedetti pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para priorizar la ética y la transparencia sobre las conveniencias políticas. Si bien Guerrero ha negado los hechos, la falta de claridad y el historial de cuestionamientos en torno a Benedetti generan serias dudas sobre la idoneidad de su regreso a la esfera pública. La violencia de género es una problemática que exige respuestas firmes y un ejemplo claro por parte de las instituciones, sin importar la posición o el poder de los involucrados.