El Consejo de Ministros definió un recorte de $28,4 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2024, ajustando la cifra inicialmente proyectada de $33 billones. Este ajuste equivale al 5,6% del total aprobado para el año y responde, según el Ministerio de Hacienda, a la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y cumplir con la Regla Fiscal en un contexto de ingresos tributarios inferiores a lo esperado.
Del total recortado, $18,2 billones corresponden al gasto de funcionamiento y $10,1 billones a inversión. Entre los sectores más afectados están Hacienda, con un recorte de $11,8 billones en funcionamiento, seguido de Trabajo, Defensa, la Rama Judicial y la Fiscalía. En inversión, Inclusión Social y Reconciliación pierde $1,8 billones, Hacienda $1,7 billones, y Transporte, Agricultura y Vivienda enfrentan reducciones significativas.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que esta decisión también busca priorizar la atención a la emergencia invernal que afecta a varias regiones del país, así como proteger programas esenciales como la alimentación infantil, la gratuidad en la educación superior y el acceso al agua potable. Sin embargo, las cifras revelan un impacto preocupante en sectores clave como la justicia y el desarrollo social.
La caída de ingresos tributarios es uno de los principales factores detrás de este ajuste. El déficit estimado de $25 billones se atribuye a anomalías en el sistema tributario de 2023, cuando se recaudaron anticipos de dos años fiscales al mismo tiempo. Esta práctica excepcional dejó un vacío en el recaudo de 2024 que ahora pasa factura a las finanzas públicas.
Este recorte presupuestal pone en evidencia fallas graves en la planeación económica del gobierno y en su capacidad de ejecución. La reducción afecta áreas críticas como justicia, transporte e inclusión social, pilares fundamentales para el desarrollo y la estabilidad del país. En lugar de enfocarse en estrategias sostenibles de recaudo y ahorro, se opta por soluciones que sacrifican la inversión en sectores esenciales para la ciudadanía.
Mientras tanto, la justificación de priorizar emergencias climáticas no oculta el impacto a largo plazo que estas decisiones tendrán en la capacidad del Estado para responder a las necesidades básicas de la población. Un presupuesto mal manejado no solo refleja una administración ineficaz, sino que también pone en riesgo la confianza pública y la sostenibilidad de los programas sociales y de infraestructura que son vitales para el progreso del país.
