Armando Benedetti, polémico exsenador y ahora asesor del presidente Gustavo Petro, enfrentará siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de su reciente renuncia como embajador ante la FAO. Este alto tribunal continuará liderando los procesos debido a que la mayoría de los hechos bajo investigación ocurrieron mientras Benedetti era senador, una función que le otorga fuero constitucional.
La renuncia como embajador y su retorno a la política nacional han reavivado preguntas sobre el alcance y la continuidad de las investigaciones, que incluyen delitos como enriquecimiento ilícito y cohecho propio. De acuerdo con expertos, el fuero congresional prevalece sobre el de embajador, lo que permite a la Corte Suprema seguir con los casos. “La única forma de que la Fiscalía asuma las investigaciones sería que Benedetti renuncie voluntariamente a su fuero, lo que parece poco probable”, explicó el penalista Duván Castañeda.
Entre los procesos más relevantes, Benedetti enfrenta señalamientos de enriquecimiento ilícito tras no justificar plenamente su patrimonio, que incluye propiedades en Barranquilla, Bogotá y Puerto Colombia. También se le investiga por presunta compra de votos en La Guajira y exigencias de dinero a la Fiduprevisora en 2010, además de sus nexos con un proyecto legislativo que habría favorecido a empresas del sector de seguridad vinculadas a Euclides Torres.
Benedetti, fiel a su estilo combativo, ha señalado a la magistrada Cristina Lombana de liderar una supuesta persecución en su contra, acusándola de abrir procesos sin pruebas contundentes. “Desde 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga… Sostengo mi confianza en la Corte Suprema”, expresó en sus redes sociales.
Sin embargo, los hechos por los que es investigado ponen en entredicho la transparencia de su gestión pública y la cercanía con figuras clave del actual gobierno, como Laura Sarabia, quien trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo y hoy es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
El regreso de Benedetti al escenario político no solo plantea dudas sobre la independencia de las instituciones judiciales, sino también sobre la coherencia ética del actual gobierno. La cercanía de Benedetti con altos funcionarios, sumada a los cuestionamientos sobre su gestión pasada, genera tensiones en un entorno político ya polarizado.
El caso Benedetti se convierte en un termómetro para evaluar si el sistema judicial puede manejar con imparcialidad investigaciones que involucran figuras políticas de alto perfil y si el gobierno Petro logra distanciarse de los escándalos que comprometen a sus aliados cercanos. La continuidad de estos procesos será crucial para preservar la confianza en la justicia y la integridad de las instituciones en Colombia.
