El presidente Gustavo Petro se pronunció con contundencia tras la destitución del excandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, por parte del Consejo de Estado e inhabilitado durante ocho años por la Procuraduría. Para el mandatario, la decisión es un ejemplo claro de persecución política que afecta no solo al político antioqueño, sino a todo el movimiento progresista en Colombia.
“Esto se llama persecución política. Nadie puede perder derechos políticos en Colombia por decisión administrativa y menos por ser hijo de un profesor que temporalmente fue rector”, expresó Petro en sus redes sociales, en referencia al vínculo familiar de Upegui con el exrector de una universidad pública, hecho que según el presidente no debería ser motivo de sanción.
La sanción contra Upegui, según la Procuraduría, se basa en presuntas irregularidades que comprometen su comportamiento ético como servidor público en el pasado. No obstante, Petro sostuvo que estas medidas son un intento deliberado por obstaculizar el avance del progresismo en el país. “No sacarán al progresismo ni a la fuerza ni con piruetas de los derechos de la democracia”, agregó el jefe de Estado, dejando claro que su gobierno y sus aliados no cederán ante lo que califican como intentos de desestabilización.
¿Estrategia judicial o maniobra política?
La destitución de Upegui ocurre en un contexto de alta polarización política en Antioquia, una región clave en las dinámicas electorales nacionales. La decisión, además, se suma a un historial de sanciones y destituciones que han afectado a líderes progresistas, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad de las entidades disciplinarias y judiciales en el país.
Este caso reaviva el debate sobre el alcance de la Procuraduría para inhabilitar a funcionarios y políticos por decisiones administrativas, un poder que ha sido objeto de críticas desde organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sanción contra Upegui podría interpretarse como un mensaje que trasciende lo legal para convertirse en un movimiento político que impacta al proyecto del gobierno Petro. Más allá de las justificaciones jurídicas, esta decisión pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y los organismos de control, que algunos sectores perciben como herramientas al servicio de intereses políticos tradicionales. Si bien las instituciones disciplinarias deben garantizar transparencia, es esencial que sus acciones no generen la percepción de ser utilizadas como armas en una guerra política que pone en juego los principios democráticos del país.
