En la mañana del 21 de noviembre, un brutal ataque del ELN en la vereda La Plancha, en Anorí, Antioquia, cobró la vida de cinco militares y dejó a siete más heridos, junto con un civil que transitaba por la zona. El atentado fue perpetrado mediante artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil. Según informes de las autoridades, los responsables serían miembros de los frentes Compañero Tomás y Héroes y Mártires de Anorí, comandados por alias La Negra Ángela y alias Dilan.
Este ataque ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el Nordeste antioqueño, donde grupos armados ilegales compiten por el control de actividades ilícitas, como la minería ilegal. Las fuerzas militares habían desplegado recientemente 200 soldados en la región para proteger a las comunidades de los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Sin embargo, la tragedia deja en evidencia la compleja situación de seguridad en el área, que ya ha forzado a 88 familias a desplazarse en las últimas semanas.
Las víctimas, que formaban parte de la Décima Cuarta Brigada, estaban en labores de estabilización del territorio cuando fueron sorprendidas por la ofensiva criminal. Entre los fallecidos hay un suboficial y varios soldados profesionales. Las operaciones de rescate, dirigidas por el comandante de la Séptima División, incluyeron el despliegue de dos pelotones adicionales para asegurar la zona y evacuar a los heridos, tres de los cuales están en estado crítico.
Este nuevo acto de barbarie del ELN subraya la falta de voluntad de paz de este grupo, que, a pesar de sus discursos en favor de negociaciones, sigue sembrando terror en comunidades vulnerables. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que los responsables no solo operan en alianza con las disidencias, sino que también han intensificado el reclutamiento forzado de menores, agravando aún más la crisis humanitaria.
La persistente inseguridad en Anorí y otras zonas estratégicas demuestra la incapacidad del Estado para retomar el control territorial en regiones donde el narcotráfico y la minería ilegal generan millonarias ganancias a los grupos armados. Este ataque no solo enciende las alarmas sobre la efectividad de las políticas de seguridad, sino que plantea serias dudas sobre la legitimidad de mantener diálogos con actores que reiteradamente violan los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional tiene una responsabilidad impostergable de proteger a sus ciudadanos y evitar que el país siga siendo rehén de la violencia.
