La absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’ ha desatado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien, tras conocerse el fallo judicial el 13 de noviembre de 2024, declaró que “la impunidad no nos lleva sino a más violencia”. Petro, desde su cuenta en la red social X, puso en duda la suficiencia de la justicia colombiana para juzgar crímenes de lesa humanidad, aludiendo a la posibilidad de intervención de tribunales internacionales si la justicia nacional no actúa de manera efectiva.
La decisión judicial de primera instancia fue emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, tras considerar insuficientes las pruebas de la Fiscalía que señalaban a Uribe como líder de un grupo paramilitar responsable de numerosos asesinatos en Yarumal, Antioquia, en la década de 1990. El fallo judicial, producto de un proceso que duró más de 20 años, generó polémica al no haber encontrado evidencias concluyentes que vincularan a Uribe con los crímenes cometidos bajo el mando de ‘Los 12 Apóstoles’.
Horas después de conocerse la decisión, Petro emitió un segundo mensaje cuestionando la absolución y enfatizando en que “un crimen internacional de lesa humanidad […] no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez”. La postura del presidente ha despertado un profundo debate, ya que al invocar posibles mecanismos internacionales, pareciera cuestionar la autonomía y la capacidad del sistema judicial colombiano para hacer justicia en casos complejos que involucran a figuras de alto perfil.
La controversia en torno a la reacción de Petro se intensificó cuando, el mismo día de sus declaraciones, firmó una resolución que permite a 18 exparamilitares actuar como “gestores de paz”, en un polémico giro que habilita a personas con antecedentes graves, entre ellos Hernán Giraldo, alias “Taladro”, para realizar “labores de paz” en determinadas regiones. La inclusión de Giraldo, quien enfrenta cargos por crímenes atroces como violación y desaparición forzada, generó indignación en sectores críticos que señalaron una aparente incoherencia entre la lucha contra la impunidad y estas designaciones.
Este episodio evidencia la compleja tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial en Colombia, así como los desafíos en la búsqueda de justicia en casos emblemáticos. Si bien el presidente tiene la libertad de expresar sus opiniones, cuestionar públicamente un fallo judicial y sugerir la intervención de tribunales internacionales es un mensaje contundente que podría afectar la confianza pública en las instituciones nacionales. La separación de poderes es esencial para la estabilidad de la democracia, y las declaraciones de un presidente pueden influir en la percepción ciudadana y la credibilidad de la justicia en Colombia.
