La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó nuevamente la solicitud de libertad para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien recientemente fue designado como gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Corte argumentó que la medida solicitada por el Gobierno no cumplía con el principio de proporcionalidad y subrayó la importancia de preservar los derechos de las víctimas sobre los beneficios que Mancuso podría recibir en este rol.
En su pronunciamiento, la Corte consideró que la libertad de Mancuso no representa un aporte significativo a la paz, ya que “no hay contribución real con la verdad ni con la reparación de las víctimas”. Según el alto tribunal, la designación de Mancuso como gestor de paz se planteó sin una claridad suficiente sobre sus funciones o el tiempo de su compromiso, lo cual genera un mensaje ambiguo y puede ser percibido como una afrenta a los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La Sala añadió que cualquier medida transicional debe respetar un equilibrio entre la paz y la justicia, destacando que la jurisprudencia nacional e internacional prohíbe beneficios desmedidos para responsables de crímenes graves.
Además, el auto emitido por la Corte Suprema resaltó la falta de especificidad en la Resolución 244, con la que se designó a Mancuso. La Corte criticó que la resolución omite detalles esenciales sobre su rol en las “mesas técnicas” anunciadas, como los objetivos específicos, los participantes, el alcance territorial y la duración del compromiso de Mancuso. La ambigüedad, según la Corte, debilita la coherencia de la política de paz y, al no brindar garantías a las víctimas, socava la legitimidad del proceso de paz.
El debate sobre la inclusión de Mancuso en esta figura jurídica evidencia las tensiones inherentes en los procesos de paz de Colombia, en los que la justicia debe equilibrarse con los compromisos de reintegración y reconciliación. Para muchos observadores, la determinación de la Corte Suprema refleja la urgencia de que los actores de paz tengan una contribución efectiva y tangible, en lugar de ser beneficiados sin un esfuerzo concreto en la reparación y el esclarecimiento de la verdad para las víctimas. La decisión del alto tribunal envía un mensaje claro sobre la necesidad de cautela en la implementación de medidas que comprometen la justicia transicional del país.
