El Ministerio de Trabajo de Colombia enfrenta una crisis interna con denuncias de impago a varios de sus funcionarios, algunos de los cuales aseguran no haber recibido salarios ni prestaciones desde junio de 2024. Las quejas provienen principalmente de trabajadores en huelga, quienes han tomado acciones legales en busca de protección laboral y señalan que estas omisiones vulneran sus derechos fundamentales, especialmente los de quienes tienen condiciones especiales de salud o familiares con discapacidad.

De acuerdo con declaraciones de líderes sindicales, aproximadamente 700 empleados han sido afectados por la demora en sus pagos. Las irregularidades han llevado a los trabajadores a interponer acciones de tutela, que en algunos casos lograron suspender temporalmente el concurso de méritos para 1.300 cargos, al considerar que su situación laboral les impide participar en el proceso en igualdad de condiciones. El vocero sindical Eliazar Falla afirmó que esta “retención ilegal de salarios” no solo afecta la subsistencia de las familias, sino que constituye un acto de “persecución sindical”, con presiones para que los empleados en huelga renuncien a sus demandas y regresen a trabajar sin que se cumplan sus exigencias

La situación se agrava con reportes de intimidación por parte de directores regionales del ministerio, quienes presuntamente han enviado mensajes y realizado llamadas para presionar a los trabajadores a retomar sus funciones bajo amenazas de transferencias no deseadas a otras entidades públicas. Según Falla, esta táctica de presión ha creado un ambiente laboral hostil que incrementa la tensión en medio del paro y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos colectivos de la entidad.
Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido un comunicado oficial para responder a las denuncias. En consecuencia, los trabajadores han decidido mantener la huelga, reclamando condiciones laborales dignas y cumplimiento en los pagos. Además, organizaciones de derechos laborales y sindicatos han expresado su preocupación por el impacto de esta crisis en la estabilidad institucional del ministerio, cuya misión es velar por los derechos laborales de todos los colombianos.