Un nuevo proyecto de ley avanza en el Congreso colombiano con el objetivo de reconocer a las comunidades religiosas como víctimas del conflicto armado, una medida que busca incluir a iglesias y organizaciones de fe en los beneficios de reparación y protección establecidos en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Este cambio surge como respuesta a las denuncias de ataques y persecución que estas comunidades han sufrido en zonas de conflicto, según argumentaron sus promotores en la Comisión Primera del Senado
La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa y Libres, una de las principales impulsoras de la reforma, señaló que muchas organizaciones religiosas fueron blanco de grupos armados ilegales por predicar su fe, una situación que no ha sido reconocida formalmente en la legislación actual. “Esta iniciativa ayudará a construir una paz estable y duradera al reconocer a estas comunidades que, por su vocación de servicio, han sufrido la violencia y el desplazamiento,” explicó la senadora Ríos en un debate público realizado en el Congreso
El proyecto de reforma pretende actualizar y ampliar el alcance de la Ley de Víctimas para que los sectores religiosos puedan acceder a programas de apoyo psicosocial, compensaciones económicas y garantías de no repetición, aspectos que hasta ahora han sido limitados a otros sectores de la población. En este sentido, Yina Duarte, directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que reconocer a estas comunidades no solo fortalecerá el tejido social, sino que también promoverá la reconciliación en territorios que aún enfrentan la presencia de actores armados ilegales
A medida que el proyecto avanza en el Congreso, sus críticos advierten sobre la necesidad de contar con un presupuesto adecuado para cubrir a las nuevas víctimas reconocidas. En la actualidad, más de 9 millones de colombianos están registrados como víctimas del conflicto, y aunque el proyecto es bien recibido en algunos sectores, existen inquietudes sobre la sostenibilidad de su implementación. La reforma, que debe pasar por varios debates adicionales, plantea una nueva etapa en la reparación de las víctimas en Colombia, sumando a comunidades que han sufrido en silencio los efectos del conflicto armado.
