El anuncio reciente de una urbanización en El Poblado prohibiendo los arriendos de menos de seis meses ha encendido el debate sobre las rentas de corta duración en Medellín, con propietarios y administradores discutiendo el impacto de estas restricciones en la economía turística y la convivencia. La decisión se da tras reportes de explotación sexual en arrendamientos turísticos, provocando que varios sectores cuestionen la eficacia de las regulaciones actuales.
Actualmente, Medellín cuenta con aproximadamente 4,241 propiedades dedicadas a arrendamientos turísticos en El Poblado, una cifra que, según La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, representa un mercado fundamental para la economía local. María Alejandra Pérez, directora jurídica de la Lonja, señala que prohibir alquileres de corta duración es legalmente complicado, pues la norma colombiana define estas rentas turísticas como inferiores a 30 días. Restricciones de seis meses, como la de la urbanización en El Poblado, podrían ser impugnadas por exceder la regulación aplicable a este tipo de vivienda.
La controversia también ha puesto de relieve problemas de convivencia en edificios donde se ha permitido la renta turística. En varias propiedades, los propietarios y administradores han tenido que implementar controles rigurosos y enfrentarse a problemas que van desde el ruido y la seguridad hasta situaciones delicadas como el uso de los apartamentos para actividades ilegales. Ricardo Yepes, administrador de propiedades horizontales, explica que los inmuebles de renta corta “transforman completamente la dinámica residencial, lo que obliga a las copropiedades a adaptarse o tomar medidas restrictivas”.
El secretario de Turismo de Medellín, José Alejandro González, afirma que la administración distrital respeta la autonomía de las copropiedades, siempre que estas cumplan con las normativas vigentes. Además, recalca la importancia de no asociar estas propiedades con la explotación sexual infantil, una problemática que, asegura, “trasciende el tipo de alojamiento y requiere un esfuerzo conjunto de vigilancia y denuncia”. Por su parte, el gremio de alquileres turísticos insta a una regulación más específica que evite penalizar a un mercado que genera el 15% de los ingresos del turismo en Colombia.
En Medellín, como en muchas ciudades del mundo, las viviendas turísticas han llegado para quedarse. No obstante, el desafío para el gobierno local y el sector inmobiliario será encontrar el equilibrio entre el aprovechamiento económico de estos espacios y el cumplimiento de normas que garanticen la seguridad y la tranquilidad en los entornos residenciales.
