En Medellín, la violencia contra habitantes de calle ha alcanzado cifras alarmantes, convirtiéndose en una trágica constante que preocupa a autoridades y ciudadanos. Este año, se han reportado 22 homicidios de personas en situación de calle, lo que representa el 9% de las muertes violentas en la ciudad, según datos de la Secretaría de Seguridad. Solo el fin de semana pasado, dos casos de ataques con sevicia alertaron a la comunidad y encendieron las alarmas sobre el riesgo de una escalada de violencia hacia este grupo poblacional.
Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar el 26 de octubre en el barrio Robledo, cuando tres hombres en motocicletas atacaron a un habitante de calle con un machete, acción que grabaron y compartieron en redes sociales. Las autoridades lograron intervenir a tiempo gracias al monitoreo de cámaras, capturando a los agresores e intentando brindar apoyo a la víctima, que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención urgente. Horas después, otro habitante de calle fue encontrado sin vida en Laureles, con múltiples heridas de arma blanca. Según los informes preliminares, el atacante argumentó que se trataba de una “venganza” por daños en un establecimiento comercial.
Este fenómeno ha generado un debate sobre la creciente estigmatización de los habitantes de calle en Medellín. De acuerdo con el periodista Pascual Gaviria, la intensificación de campañas de seguridad y vigilancia en áreas donde estas personas suelen estar ha podido derivar en una “criminalización de la pobreza”, y recordó que, históricamente, la ciudad ha atravesado periodos de “limpieza social” en los que se atacó a personas marginadas bajo la premisa de seguridad urbana.
La problemática no solo radica en el aumento de ataques, sino en la rápida expansión de la población en situación de calle. Según estimaciones de la Alcaldía, Medellín cuenta actualmente con más de 8.000 personas viviendo en las calles, una cifra que ha crecido en más del 150% desde 2019, cuando el censo oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estimaba la población en 3.214 personas. Esto ha generado una presión adicional sobre el sistema de seguridad social de la ciudad y ha impulsado el llamado a establecer políticas efectivas para la inclusión social y el apoyo a personas en situación de calle.
Frente a la grave situación, el exsecretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez, criticó la falta de estrategias de salud pública y atención social en las últimas tres administraciones. Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez ha manifestado su compromiso de intensificar los esfuerzos de seguridad y ha hecho un llamado a la ciudadanía para evitar acciones de “justicia por mano propia”.
