La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que en los próximos días se expedirá una directriz que permitirá desconcentrar la aplicación del principio de oportunidad, un mecanismo que facilita la terminación anticipada de procesos penales. Esta figura, hasta ahora centralizada en la oficina de la Fiscalía General para casos de delitos con penas superiores a seis años, se aplicará mediante los directores de procesos, lo que busca reducir tiempos de espera y hacer más eficiente el avance de investigaciones y juzgamientos en el país.
Camargo explicó que la iniciativa consiste en modificar el segundo parágrafo del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, delegando la aprobación del principio de oportunidad en otros niveles de la Fiscalía, con el objetivo de eliminar la carga burocrática que hoy entorpece el avance de los procesos. En delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y delitos de corrupción, se mantendrá un control judicial sobre las decisiones de aplicar el principio, asegurando su evaluación por un juez.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, y otros expertos en justicia han calificado este cambio como positivo, señalando que el trámite del principio de oportunidad puede tomar años bajo el esquema actual. La expectativa es que la delegación de estas facultades agilice los casos y permita un mejor aprovechamiento de los mecanismos de colaboración judicial.
Por otra parte, la fiscal Camargo también mencionó que se están considerando ajustes en el proyecto de reforma a la justicia en lo relacionado con los delitos que involucran víctimas menores de edad. En una revisión reciente, la Fiscalía identificó que la exclusión de menores de 18 años del alcance del principio de oportunidad, incluida en el Código de Infancia y Adolescencia, no había sido reflejada en el proyecto de reforma a la Ley 906 de 2004. La fiscal general afirmó que la observación es razonable y será evaluada en coordinación con la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia para asegurar el respeto a los derechos de la infancia en el proceso de reforma judicial.
