Cinco claves para entender la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y su impacto en Colombia

Aumento de recursos para descentralización
La reforma al SGP busca aumentar los recursos transferidos a los departamentos, distritos y municipios, promoviendo una mayor autonomía regional. En lugar de fijar el 46,5 % de los ingresos nacionales para estas transferencias, como se propuso inicialmente, el acuerdo alcanzado establece el porcentaje en 39,5 %, una mejora respecto al actual 24 %. El propósito es que estas administraciones locales tengan más recursos para invertir en salud, educación y saneamiento básico, lo cual también implica asumir nuevas responsabilidades que antes correspondían al nivel nacional.
Redistribución basada en necesidades de pobreza
Aunque los recursos del SGP actualmente se distribuyen según la población de cada región, el presidente Gustavo Petro insiste en priorizar a las áreas más vulnerables. Esta redistribución busca reducir las desigualdades regionales, garantizando que los departamentos con mayores necesidades puedan recibir un apoyo más significativo para proyectos sociales prioritarios.
Implementación gradual y nueva ley de competencias
El aumento de recursos propuesto comenzará en 2027 y se implementará en un plazo de 12 años, dando tiempo para ajustar los presupuestos y capacitar a las entidades locales en su manejo. Una ley de competencias, que debe aprobarse previamente, especificará los roles de cada nivel de gobierno para evitar duplicidades y conflictos administrativos. Incluso, algunas entidades nacionales podrían desaparecer para optimizar el sistema.
Riesgos financieros y debates de viabilidad
Este proyecto ha generado preocupación entre expertos y sectores políticos por su impacto potencial en las finanzas nacionales. Exministros de Hacienda, como Alberto Carrasquilla y Juan Carlos Echeverry, señalan que la inflexibilidad del gasto podría generar un “hueco fiscal” de hasta 503 billones de pesos en 12 años. Para algunos congresistas, como la senadora Paloma Valencia, el riesgo de sostenibilidad financiera sigue latente, aunque el porcentaje de transferencias se redujo en las negociaciones.
Riesgo de corrupción regional
Si bien el aumento de fondos para las regiones es visto como una oportunidad, algunos críticos temen que la descentralización incrementada pueda elevar los riesgos de corrupción. El senador Ariel Ávila, promotor de la iniciativa, ha rechazado estos temores, señalando que la corrupción no debería ser una barrera para el desarrollo regional, y exhortó a los entes de control a intensificar la vigilancia.