Colombia enfrenta una alarmante crisis de feminicidios que refleja una profunda falla en las estrategias de prevención y respuesta por parte de los gobiernos nacional y locales. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo reporta 630 feminicidios y 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar, poniendo en evidencia la magnitud del problema.
El caso reciente de Paola Camargo, quien sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su exnovio, un patrullero de la Policía, subraya la violencia extrema que enfrentan las mujeres en el país. Paola, que recibió múltiples disparos, es una de las pocas sobrevivientes en un año en el que ya se registran más de 400 feminicidios, haciendo del primer semestre de 2024 el más mortífero en términos de feminicidios desde que se tiene registro en Colombia.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios reporta que entre enero y junio de 2024, han ocurrido 417 feminicidios, un índice preocupante que supera el 80% de los feminicidios registrados en 2023. Esta tendencia alarmante podría convertir a 2024 en el año con más feminicidios en la historia del país, superando incluso el récord de 2018.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la falta de resultados contundentes se atribuye a la fragmentación de las estrategias y la falta de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones. Un estudio de la Universidad Externado de Colombia destaca la necesidad de una fuente de información unificada y sistemática para enfrentar la violencia basada en género de manera efectiva. La falta de articulación entre académicos, observatorios y organismos gubernamentales ha resultado en una respuesta ineficaz frente al creciente problema.
En respuesta a la crisis, varias ciudades han implementado estrategias locales. Bogotá ha lanzado una iniciativa centrada en cinco ejes de acción, mientras que Medellín ha creado una ruta articulada para mejorar la atención a las víctimas. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes, ya que las víctimas continúan enfrentando la violencia extrema sin una protección efectiva.
A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a promover políticas públicas más efectivas. La Defensora del Pueblo ha calificado la violencia contra las mujeres como una de las crisis de derechos humanos más graves del país, subrayando la necesidad de una respuesta más robusta y coordinada.
En resumen, la creciente tasa de feminicidios en Colombia refleja una falla sistemática en la implementación y coordinación de estrategias para prevenir y abordar la violencia de género. Es crucial que las autoridades y la sociedad trabajen juntas para desarrollar un enfoque integral y efectivo que garantice la seguridad y protección de las mujeres en el país.
