Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia preocupaciones significativas respecto a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, destacando la falta de avances en aspectos cruciales como la adjudicación de tierras y la creciente violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Según el informe, de los 21.132 predios ingresados para adjudicación, solo el 37% ha sido entregado. Además, de más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), apenas 26 han sido adquiridos, reflejando una grave disparidad en la ejecución de la reforma agraria. Esta lentitud en el proceso de adjudicación y restitución de tierras ha generado incertidumbre y ha afectado directamente la seguridad en los territorios, lo que también está impactando la implementación de otros componentes del acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos.
El informe también revela un alarmante incremento en la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En los primeros cuatro meses de 2024, fueron asesinados 57 defensores, una cifra que subraya la precariedad de la seguridad en las zonas rurales, donde se supone que el Acuerdo de Paz debería estar mejorando las condiciones de vida.
El defensor del pueblo, Julio Luis Balanta, ha enfatizado la necesidad de fortalecer la institucionalidad que lidera la implementación del acuerdo. Señaló que se requiere una cabeza autónoma que emita directrices claras y políticas públicas efectivas, además de una actualización continua de los indicadores de avance y una gestión transparente del presupuesto asignado para la implementación.
Otro punto crítico es la falta de progreso en la ruta étnica para la restitución de tierras, donde más de 2.730 solicitudes están pendientes, afectando principalmente a adultos mayores. Además, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han mostrado un avance mínimo del 1% desde el informe anterior de la Defensoría.
El informe concluye que es esencial que los programas de apoyo a las economías lícitas sean parte de políticas públicas sostenibles, y no medidas temporales, para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo productivo de los territorios.
Pese a estos desafíos, la Defensoría reconoce algunos esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, como la consolidación de la Jurisdicción Agraria y las gestiones de la Agencia para la Renovación del Territorio, aunque subraya que queda mucho por hacer para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y proteger a las comunidades afectadas.
