Carlos Alberto Carreño, representante del Partido Comunes, ha sido señalado en un informe reciente de implementar un esquema de extorsión en el Congreso, donde habría exigido a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) el pago de cuotas mensuales para mantener sus puestos de trabajo. Según la denuncia, los trabajadores debían pagar entre $200.000 y $500.000 mensuales, y aquellos con salarios más altos eran obligados a contribuir con sumas más grandes.
El informe, publicado por Blu Radio, revela que el dinero recolectado por este esquema iba en parte a cuentas personales de Carreño o a través de un intermediario de confianza del congresista. La investigación también expone que Carreño utilizaba tácticas de intimidación y amenazas contra los trabajadores que se negaban a pagar, advirtiéndoles que perderían sus empleos.
Carreño, conocido en las antiguas Farc como ‘Sergio Marín’, ha negado las acusaciones, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a empleados a quienes describió como mediocres. Sin embargo, las evidencias incluyen grabaciones donde se le escucha exigiendo dinero a cambio de mantener a los trabajadores en sus posiciones.
El caso quedó al descubierto en abril de 2023, cuando se presentó un derecho de petición anónimo que detallaba las prácticas de cobro de Carreño. A pesar de esto, el Partido Comunes no realizó ninguna investigación interna, y Carreño respondió con amenazas hacia sus empleados para evitar que la información se filtrara.
Esta denuncia se suma a otras preocupaciones sobre la corrupción y la transparencia en el Congreso, destacando los desafíos que enfrenta el sistema político colombiano en términos de rendición de cuentas y protección de los derechos laborales.
