El reciente paro armado impuesto por el Frente de Guerra Occidental del ELN en Chocó, que duró nueve días, dejó un saldo devastador en la región, afectando gravemente a comunidades vulnerables y exponiendo las profundas carencias en derechos humanos que padecen sus habitantes. Según reportes de autoridades y organizaciones sociales, alrededor de 50.000 personas fueron confinadas, mientras que la escasez de medicamentos, el cese de clases y la paralización de actividades económicas exacerbaron una crisis humanitaria en los municipios afectados.
El paro, que abarcó áreas clave como los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y la carretera que conecta a Nóvita con Torrá, también cobró la vida de tres personas. Entre las víctimas se encuentra una niña de 18 meses que falleció debido a la desnutrición severa y la falta de atención médica, ya que su traslado fue imposible por las restricciones impuestas por el grupo armado. Asimismo, una mujer embarazada y su bebé murieron al no poder recibir atención médica adecuada, ya que los vehículos no contaban con gasolina para llevarla a un centro de salud.
La Defensoría del Pueblo documentó que la niñez ha sido uno de los sectores más afectados, con aproximadamente 5.000 menores de 85 comunidades afro e indígenas que tuvieron que suspender sus clases, mientras que los docentes recibieron amenazas. Este paro también impidió que estudiantes de grado 11 presentaran las pruebas Saber 11, generando un clamor por parte de la Gobernación del Chocó para que se reprogramen los exámenes en 16 municipios hasta el 8 de septiembre.

En respuesta a la crisis, la Gobernación comenzó la distribución de kits de alimentos y productos de aseo para las familias desplazadas por la violencia. Hasta el momento, se han entregado 100 kits a 33 familias refugiadas en la casa Acadesan, ubicada en Istmina. Las Fuerzas Militares, por su parte, han desplegado más de 5.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad y movilidad en la región.
Las secuelas de este paro armado revelan la grave situación que enfrentan las comunidades del Chocó, donde la violencia, la falta de acceso a servicios básicos y la amenaza constante de grupos armados como el ELN siguen siendo una realidad diaria para miles de personas.