El Colombiano ha revelado una polémica práctica dentro de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), en la que contratistas, incluyendo influencers, están siendo utilizados para difundir mensajes críticos hacia las empresas que la entidad debería vigilar imparcialmente. Esta situación ha levantado serios cuestionamientos éticos y sobre posibles conflictos de interés, especialmente porque algunos de estos contenidos se publican en redes sociales personales de los contratistas sin ninguna advertencia sobre su relación contractual con la entidad.
El caso que más ha llamado la atención involucra a la influencer y periodista Laura Camila Vargas, quien tiene un contrato de más de 46 millones de pesos con la Superservicios para asesorar en la creación de campañas y contenidos digitales. A pesar de que su contrato no especifica el uso de sus redes sociales personales para estos fines, Vargas ha publicado videos en los que critica a empresas del sector energético, como Air-e, sin mencionar su vínculo con la Superintendencia. Estos videos, según fuentes internas, fueron aprobados por Fabio Rodríguez, el nuevo jefe de comunicaciones de la entidad.
La situación ha generado una ola de críticas, destacando la falta de transparencia en la divulgación de contenido patrocinado y la utilización de información privilegiada para atacar a empresas vigiladas. Esta práctica pone en entredicho la imparcialidad de la Superservicios, cuyo rol debería centrarse en la supervisión técnica y regulatoria, no en la creación de narrativas que favorezcan al gobierno o afecten a las compañías bajo su vigilancia.
El superintendente Dagoberto Quiroga, cercano al presidente Gustavo Petro, también ha sido señalado en este contexto, especialmente por su rol en una reforma a la ley de servicios públicos que busca modificar las tarifas de servicios esenciales, un tema de alta sensibilidad política y social.
La controversia expone la delicada línea entre la comunicación institucional y la propaganda, y subraya la necesidad de una mayor transparencia y ética en el manejo de la información pública. La respuesta de las autoridades y el seguimiento de este caso serán cruciales para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de regular sectores tan críticos como el energético.
