El presidente Gustavo Petro ha dado un paso significativo en su política de “paz total” al abrir la puerta para iniciar diálogos con el Clan del Golfo. A través de la Resolución 257 del 8 de julio de 2024, se autorizó la creación de un espacio de conversación “sociojurídico” con este grupo armado ilegal.
Este espacio tiene como objetivo principal verificar la disposición del Clan del Golfo para transitar hacia el Estado de derecho y establecer los términos de su sometimiento a la justicia conforme a lo permitido por la ley. La delegación del gobierno en esta mesa de diálogo estará encabezada por el politólogo Álvaro Jiménez Milán, junto con María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
Para facilitar estas conversaciones, el gobierno también reconoció a seis voceros del Clan del Golfo y solicitó la suspensión de sus órdenes de captura, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, el máximo comandante del grupo, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, cabecilla del Bloque Roberto Vargas que opera en el Bajo Cauca de Antioquia.
Aunque el gobierno ha sido claro en que no se tratará de una negociación política, sino de un sometimiento a la justicia, este paso representa un avance importante en el esfuerzo por reducir la violencia y lograr la pacificación del país. El Clan del Golfo es actualmente la organización armada con mayor número de integrantes y una significativa capacidad de expansión territorial, manteniendo confrontaciones armadas con la Fuerza Pública, el ELN y las disidencias de las FARC.
La decisión del presidente Petro de abrir este frente de diálogo refleja su compromiso con la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. Sin embargo, el camino no será fácil, ya que el Clan del Golfo ha insistido en obtener un estatus político para participar en las negociaciones, un punto que el gobierno ha rechazado rotundamente.
El desarrollo de estas conversaciones será crucial para determinar si el Clan del Golfo está dispuesto a desmovilizarse y someterse a la justicia bajo los términos establecidos por el gobierno. La comunidad y el país entero estarán atentos a los avances de esta iniciativa, que podría marcar un hito en la lucha por la paz en Colombia.
