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martes, febrero 11, 2025
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Disidencias de las Farc atribuyen secuestro de agentes del CTI a violaciones del cese al fuego

En un comunicado divulgado a través de redes sociales, las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc se atribuyeron la responsabilidad por el secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la esposa de uno de ellos, ocurrido el pasado viernes en la zona rural de Dominguillo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Los secuestrados fueron identificados como Gerzon Rivera y Betty Amanda Mage, ambos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto con María Yeni Ruiz, esposa de Rivera.

Según el grupo insurgente, el incidente se produjo en un punto de control del frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, donde los funcionarios fueron detenidos mientras transitaban por una zona declarada de control político-militar por las disidencias. El grupo armado argumenta que el secuestro es una respuesta directa a lo que consideran una ruptura del cese al fuego por parte del Estado, exponiendo a riesgos a militares, policías y funcionarios que operan en estas áreas.

Las disidencias alegan que durante el procedimiento de captura se encontraron armas y dispositivos electrónicos con los detenidos, herramientas supuestamente utilizadas para labores de inteligencia en contra de las Farc EP y líderes sociales y comunitarios. Este hecho ha elevado la tensión en la región, donde los conflictos armados y violaciones a los derechos humanos siguen siendo una problemática constante.

La Fiscalía General de la Nación ha expresado su profunda preocupación por la seguridad e integridad de los secuestrados, exigiendo su inmediata liberación y el respeto a la vida humana. Además, se ha hecho un llamado a organizaciones internacionales para que ayuden a mediar y asegurar un entorno seguro para la liberación de los afectados. Este incidente destaca una vez más las complicadas dinámicas del conflicto armado colombiano y la frágil situación de seguridad que afecta a funcionarios estatales en regiones bajo influencia de grupos armados ilegales.

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