La Procuraduría General de la Nación ha tomado un paso decisivo frente a la creciente crisis de escasez de medicamentos en Colombia, solicitando medidas cautelares contra el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo. Este llamado a la acción se da en un contexto de creciente preocupación por la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales que afecta a varios sectores de la población, especialmente a aquellos en necesidad de tratamientos convulsivos y de alto costo.
Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada de salud, protección social y trabajo, destacó la dilatación de los procesos de monitoreo de medicamentos y la ineficacia de las políticas públicas y administrativas actuales como principales agravantes de la situación. Según Ojeda, aunque el Invima ha presentado un plan de acción y reportó una regularización de 8,000 medicamentos de una lista de 28,000, los fármacos esenciales y de alto costo siguen desabastecidos. La falta de estos medicamentos críticos plantea un riesgo serio para la salud pública, complicando aún más el panorama para pacientes que dependen de estos tratamientos.
La crisis se ha exacerbado por lo que la Procuraduría describe como una «gran problemática administrativa» dentro del Invima y fallos en la implementación de políticas efectivas por parte del Ministerio de Salud. La situación ha llegado a tal punto que incluso asociaciones profesionales, como la Asociación de Psiquiatría, han tenido que alertar sobre la escasez a las autoridades correspondientes.

Ante este panorama, la Procuraduría ha puesto el problema en manos del tribunal contencioso administrativo, esperando que se tomen medidas correctivas inmediatas. Además, se ha criticado la respuesta del gobierno y del Invima por considerarla insuficiente y no enfocarse en los medicamentos más necesarios, optando en cambio por incluir productos menos esenciales en las listas de medicamentos regularizados.
Este conflicto subraya la urgencia de una reforma estructural y de medidas cautelares efectivas que aseguren el abastecimiento y la accesibilidad a medicamentos vitales para la población colombiana, destacando la importancia de una gestión transparente y eficiente en los entes reguladores y gubernamentales del sector salud.