La Audiencia de Barcelona ha concedido la libertad bajo fianza al futbolista brasileño Dani Alves, a cambio del pago de un millón de euros, en medio del proceso legal que enfrenta por la violación de una joven de 23 años. Además de la fianza, al deportista de 40 años se le han retenido ambos pasaportes, español y brasileño, para impedir su salida del país, y deberá presentarse semanalmente ante la Audiencia Provincial, manteniéndose además alejado de la víctima.
Este desarrollo se produce tras la condena inicial de Alves a cuatro años y medio de prisión, una sentencia que actualmente se encuentra en proceso de apelación. La decisión de otorgarle la libertad provisional llega después de que el propio Alves asegurara en una audiencia que no intentaría huir y expresara su confianza en el sistema de justicia.
El caso ha suscitado una amplia reacción, incluyendo la de la Fiscalía, que ha manifestado su oposición a la libertad del jugador, argumentando un alto riesgo de fuga. Esta posición se ha mantenido incluso después de que la defensa de Alves argumentara que el futbolista ya había cumplido una cuarta parte de su pena y que, por tanto, podría empezar a acceder a beneficios penitenciarios en caso de una sentencia firme.
La liberación de Alves ha reavivado el debate sobre la influencia del estatus y el poder en el trato de casos de violencia de género y sexual, con críticas apuntando a un mensaje de desprotección para las víctimas de tales delitos. Este caso se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre la ley del «Solo sí es sí» en España, una normativa destinada a reforzar la protección contra los abusos sexuales.
