Bogotá, Colombia – En un giro sorpresivo que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Gustavo Petro ha declarado la insubsistencia del secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, tras la adjudicación de la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons. La decisión, que involucra un contrato por casi 600 billones de pesos, ha destapado una caja de pandora sobre la transparencia y la integridad en los procesos gubernamentales.
La controversia se desató cuando Salazar Ramírez firmó tres resoluciones el 26 de febrero, otorgando a la unión temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons, el contrato para la personalización, custodia, y distribución de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026. Esta decisión contradijo las medidas previas del suspendido canciller Álvaro Leyva, quien había buscado reiniciar el proceso licitatorio bajo criterios de urgencia manifiesta y transparencia.
El presidente Petro, al denunciar el contrato como «corrupto», ha señalado la monopolización de datos privados y la influencia indebida de Thomas Greg & Sons en el proceso, exigiendo una exhaustiva investigación penal. La firma británica, que ya había sido objeto de críticas por parte del mandatario, se encuentra ahora en el ojo del huracán, cuestionando la legitimidad de su participación en tan lucrativo contrato.
El escándalo no solo pone en duda la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores sino que también plantea serias interrogantes sobre la supervisión y el respaldo de decisiones cruciales dentro del gobierno. Con la mirada de la opinión pública y los entes de control fijada en el desenlace de esta historia, el gobierno de Petro enfrenta uno de sus momentos más delicados, en medio de llamados a la transparencia y la rendición de cuentas.
