En un giro insólito que ha capturado la atención del mundo del fútbol colombiano, el Atlético Nacional ha logrado evitar una sanción por parte de la Dimayor, a pesar de los serios incidentes ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante el clásico contra Millonarios. La decisión ha sorprendido a muchos, considerando la gravedad de los hechos, donde se reportaron incendios en las tribunas, acciones claramente reprobables que generalmente acarrean consecuencias significativas.
La Dimayor, encargada de regular las competiciones de fútbol profesional en Colombia, optó por cerrar el caso sin imponer sanciones al club ‘verdolaga’, una resolución basada en una serie de argumentos presentados por Nacional que incluyeron la falta de interrupción del partido y las buenas calificaciones del árbitro respecto a las medidas de seguridad implementadas por el club. Esta decisión ha levantado una polvareda de comentarios y especulaciones sobre los criterios utilizados para evaluar y sancionar conductas que ponen en riesgo la seguridad de los espectadores y la integridad de las instalaciones deportivas.
El Atlético Nacional se defendió argumentando su desvinculación con la barra brava ‘Los Del Sur’, históricamente asociada a actos de violencia y desmanes, y destacó su incapacidad de controlar las acciones de este grupo dentro del estadio. Además, enfatizó que los incidentes no afectaron el desarrollo del encuentro, ya que ocurrieron en los minutos finales y no requirieron la interrupción del juego.
Este insólito desenlace ha generado un debate en torno a la responsabilidad de los clubes sobre el comportamiento de sus aficionados y las medidas de seguridad en los estadios. Mientras algunos ven en la decisión de la Dimayor un precedente preocupante que podría fomentar la impunidad en casos similares, otros aplauden la habilidad de Nacional para navegar las complejidades del sistema disciplinario del fútbol colombiano y evitar una sanción que podría haber tenido serias repercusiones para el club.
Sin embargo, la Alcaldía de Medellín ha anunciado que tomará cartas en el asunto, prometiendo sanciones económicas y legales contra los individuos identificados como responsables de los daños, marcando así una diferencia en el enfoque entre las autoridades locales y la Dimayor respecto a la gestión de la seguridad en eventos deportivos. Este caso deja en evidencia la tensión entre la necesidad de mantener el orden y la seguridad en los estadios y la complejidad de administrar justicia en un contexto deportivo altamente pasional y politizado.
