En una serie de eventos que han sacudido el panorama político colombiano, el Presidente Gustavo Petro ha elevado la voz en múltiples idiomas alertando sobre lo que califica de «persecución» y «ruptura institucional», en respuesta a las acciones de la Fiscalía que planea imputar cargos contra importantes figuras relacionadas con su campaña presidencial. La controversia se centra en la investigación sobre una donación de 500 millones de pesos no reportada, lo que ha desatado una oleada de reacciones a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, el llamado a manifestaciones por parte de Fecode, programadas para el 8 de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia, busca presionar para la elección de un nuevo Fiscal General, en un contexto marcado por la tensión entre el gobierno y el organismo judicial. La Federación de Educadores, apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), responde así a los recientes allanamientos de la Fiscalía y a las acusaciones contra William Velandia, presidente de Fecode, intensificando el debate público sobre la independencia de poderes y la salud democrática del país.
Este escenario ha generado una ola de solidaridad y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y partidos progresistas tanto dentro como fuera de Colombia, evidenciando la profundidad de la crisis institucional que se vislumbra. La respuesta del Presidente Petro, quien ha denunciado un intento de «golpe blando», refleja la polarización y el desafío que enfrenta Colombia en un momento crítico para su democracia.
Los próximos días serán decisivos para entender las direcciones que tomará el país en medio de este complejo entramado político y social. Con una comunidad internacional atenta y una ciudadanía movilizada, Colombia se encuentra en un punto de inflexión que podría redefinir su futuro democrático.