En medio de tensiones políticas y sociales, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha anunciado una manifestación para el 8 de febrero, buscando no solo defenderse ante críticas recientes sino también exigir la elección de un nuevo fiscal general. Este evento se da en el contexto de acusaciones sobre una supuesta contribución financiera irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro, situación que ha agudizado el debate entre el gobierno y la oposición.
La convocatoria ha generado reacciones mixtas en el país, reflejando la polarización política y social. Por un lado, algunos ciudadanos y organizaciones, incluida la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresan su apoyo a Fecode y al gobierno, viendo en la movilización una defensa de la democracia. Por otro lado, críticos y sectores de la oposición cuestionan las motivaciones detrás de la marcha, preocupados por la movilidad en Bogotá y las implicaciones políticas de la protesta.
Esta situación se complica con la investigación en curso sobre la donación no registrada de 500 millones de pesos a la campaña presidencial, lo que ha llevado a un intenso escrutinio sobre Fecode y sus acciones. El presidente Petro, defendiendo al sindicato, ha llamado a una movilización popular en respuesta a lo que denomina una «toma mafiosa» de la fiscalía, instando a la participación ciudadana en defensa de la democracia y contra la estigmatización de los movimientos sociales.
La marcha promete ser un punto de inflexión en el debate público sobre la justicia, la transparencia y el futuro político de Colombia, marcando una vez más la importancia de la movilización ciudadana en los procesos democráticos del país. Con la participación esperada no solo en Bogotá sino en otras ciudades, el 8 de febrero se perfila como una jornada clave para el sindicalismo, la política y la sociedad colombiana en su conjunto.
