Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Consejo Nacional Electoral (CNE) han iniciado investigaciones para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó los límites legales de gastos. Esta investigación se centra en una serie de facturas anuladas y enmendadas, vuelos chárter y un controvertido aporte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y está generando un escrutinio minucioso de los organismos de control.
La investigación más avanzada se centra en el aporte de 500 millones de pesos que Fecode aprobó en apoyo a la campaña presidencial de Petro. Un acta y una escritura pública revelan que el comité ejecutivo de Fecode decidió contribuir económicamente a la campaña de Petro en mayo de 2022. Sin embargo, ha surgido un nuevo documento que se está analizando y que arroja más luz sobre este tema.
Este nuevo documento es un contrato de prestación de servicios que el partido de la Colombia Humana, liderado por Petro, firmó en mayo de 2022 con la empresa Ingenial Media SAS para la implementación de un esquema integral de control electoral posterior a las elecciones presidenciales de mayo de 2022. Este contrato se pagó con los fondos de Fecode.
Las fechas son cruciales en esta investigación, ya que la campaña sostiene que este dinero no se puede considerar un gasto de campaña, ya que se utilizó después de que las elecciones hubieran concluido. Sin embargo, el contrato establece que las labores de Ingenial Media SAS debían llevarse a cabo desde el 16 de mayo de 2022 hasta la fecha de la elección presidencial, lo que plantea dudas sobre la naturaleza de estos gastos.
Además, se ha observado que la campaña Petro Presidente firmó un contrato por más de 816 millones de pesos el 8 de junio de 2022, con el mismo proveedor, Ingenial Media SAS, para un propósito similar: la implementación de un esquema integral de control electoral en la segunda vuelta presidencial. Esta discrepancia en la clasificación de los gastos ha generado preguntas sobre por qué un contrato similar se considera un gasto de campaña en la contabilidad oficial de la campaña, pero no en la de la Colombia Humana.
La investigación también se ha extendido a los vuelos chárter utilizados por candidatos al Congreso del Pacto Histórico, donde se ha encontrado que se contrató a la misma empresa, Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que la campaña Petro Presidente utilizó para sus desplazamientos aéreos. Tanto Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña Petro Presidente y ahora jefe de Ecopetrol, como Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña al Congreso del Pacto y actual ministro de Salud, han rendido declaraciones en relación con este asunto ante la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra considerando si abrir una investigación formal o archivar el caso.
En resumen, la investigación en curso está arrojando luz sobre posibles irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de Petro en 2022, y se espera que se tomen medidas adicionales a medida que avance la investigación tanto de la Fiscalía como del CNE.
