La Gobernación de Antioquia, liderada por Andrés Julián Rendón, sigue firme en la implementación de la tasa de seguridad aprobada recientemente por la Asamblea del departamento, a pesar de las críticas provenientes de gremios empresariales, políticos y sectores ciudadanos. Este tributo, que busca recaudar fondos para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y mejorar las condiciones de seguridad, comenzará a cobrarse a partir del 1 de enero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2027.
La polémica medida ha sido señalada por representantes de gremios como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia, quienes advierten que afectará duramente a las empresas. No obstante, Rendón aclaró que el cobro tendrá topes para evitar un impacto desmedido en grandes consumidores de energía, como las industrias. Según el gobernador, la única propuesta formal recibida fue de la Andi, que planteó límites específicos al tributo, y esta fue acogida en su totalidad.
Para el recaudo, se descartó el uso de las facturas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y se delegará la tarea a Valor+, una filial del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que actualmente recauda un tercio de los ingresos de Medellín por concepto de industria, comercio y predial. Además, Rendón subrayó que el impuesto podrá ser descontado en las declaraciones de renta de las personas jurídicas que lo incluyan dentro de su contabilidad.
Aunque el tributo busca reforzar los recursos para combatir los retos de seguridad en Antioquia, como el fortalecimiento de la Policía y el Ejército, sectores como la Alcaldía de Medellín y figuras como el expresidente Álvaro Uribe han cuestionado la medida. Uribe expresó que la aprobación se realizó sin un amplio consenso, a lo que Rendón respondió destacando que decisiones similares, como el impuesto al patrimonio impulsado por Uribe en su mandato, también enfrentaron oposición inicial pero demostraron ser necesarias para la seguridad del país.
La tasa de seguridad en Antioquia representa un esfuerzo ambicioso por garantizar recursos para la protección ciudadana en un momento de desafíos críticos en seguridad. Sin embargo, su implementación plantea interrogantes sobre la carga fiscal adicional para empresas y ciudadanos, especialmente en un contexto económico ya golpeado. Mientras la Gobernación asegura que es una medida justa y legal, el debate refleja una creciente polarización en torno a las soluciones que el Estado debe adoptar frente a problemas estructurales. Si bien la seguridad es un bien público esencial, el éxito de esta iniciativa dependerá de su ejecución eficiente y del impacto tangible en la calidad de vida de los antioqueños.
