La Procuraduría General de la Nación confirmó que no se encontraron indicios de cuerpos sin identificar en los hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de realizar una inspección exhaustiva tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La denuncia señalaba la supuesta presencia de hasta 20.000 cuerpos en un hangar del terminal aéreo, información que fue recibida con preocupación por las autoridades colombianas.
Durante la inspección, encabezada por Tito Perilla, asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, se verificaron las actividades de los 27 hangares que conforman la zona concesionada del aeropuerto. Según Perilla, las actividades observadas corresponden a operaciones normales, como el mantenimiento de aeronaves y equipos de apoyo en tierra, sin que se identificaran lugares adecuados para la conservación de restos humanos.
La Procuraduría señaló que continuará investigando el origen de esta denuncia. El procurador delegado Javier Sarmiento solicitó a la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal y a la Interpol proporcionar toda la información disponible para esclarecer los hechos. Por su parte, entidades como Medicina Legal y la empresa Opaín, operadora del aeropuerto, rechazaron tener conocimiento sobre la existencia de los cuerpos o cualquier instalación relacionada con ellos.
Respuesta de las instituciones
Medicina Legal negó tener registros sobre el presunto hangar mencionado y destacó que no ha recibido solicitudes oficiales relacionadas con el caso. Asimismo, la Alcaldía de Bogotá indicó que ha enviado consultas formales a diversas entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, para obtener claridad sobre la información divulgada por la ONU.
Hasta ahora, la ONU no ha proporcionado detalles adicionales sobre la fuente de su informe, lo que genera interrogantes sobre la veracidad y precisión de las denuncias. Según el Comité contra la Desaparición Forzada, su preocupación radica en la falta de recursos materiales y humanos para abordar los casos de identificación de cuerpos en Colombia.
Este caso expone las tensiones entre las instituciones colombianas y los organismos internacionales en temas sensibles como la desaparición forzada. Si bien la Procuraduría y otras entidades han descartado la veracidad de las denuncias iniciales, la falta de una explicación detallada por parte de la ONU podría afectar su credibilidad en futuros informes. No obstante, la reacción rápida y las inspecciones realizadas reflejan el compromiso de Colombia con la transparencia y el esclarecimiento de estas denuncias.
