El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica al entregar una bandera del M-19, el grupo guerrillero al que perteneció, durante un homenaje al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica en Montevideo. El acto, que pretendía ser un reconocimiento a una de las figuras más icónicas de la izquierda latinoamericana, fue criticado en Colombia por considerarse una apología al grupo armado que dejó un oscuro legado de violencia en el país.
La entrega del símbolo generó rechazo entre sectores políticos y sociales que recordaron los crímenes cometidos por el M-19, como la toma del Palacio de Justicia en 1985. Entre las voces críticas, el exembajador Juan Carlos Pinzón afirmó que el homenaje «revictimiza a miles de afectados por el terror del M-19, ofende a la Nación y deshonra a las Fuerzas Armadas». De igual forma, el exministro Wilson Ruiz cuestionó que el presidente prefiera exhibir «la insignia de un grupo criminal antes que honrar la bandera de Colombia».
El episodio fue también objeto de controversia por la participación de Laura Sarabia, directora del Dapre, quien entregó la bandera al presidente. Un aparente intercambio de palabras entre Petro y Sarabia desató especulaciones sobre tensiones internas en el círculo presidencial. Según algunos analistas, Sarabia habría intentado impedir el uso de la bandera, lo que habría molestado al mandatario.
La bandera del M-19, que Petro ha defendido como un símbolo de lucha por la paz y la justicia social, sigue siendo un tema divisivo. Para muchos, representa los delitos de secuestro, asesinatos y el ataque al Palacio de Justicia que dejó decenas de muertos y desaparecidos. Aunque Petro insiste en que la tragedia del Palacio fue un crimen de Estado, las críticas apuntan a que la exaltación del M-19 no contribuye a la reconciliación nacional.
El acto en Uruguay expone una desconexión entre la narrativa del presidente y las percepciones de amplios sectores de la sociedad colombiana. Mientras Petro busca resignificar el M-19 como un símbolo de cambio político, sus gestos ignoran el dolor de las víctimas y refuerzan las divisiones históricas. El liderazgo presidencial exige representar a toda la Nación, no solo a sus afinidades ideológicas. Este tipo de acciones profundizan la percepción de que el mandatario sigue atado a su pasado insurgente, debilitando su capacidad de construir un gobierno que una a los colombianos.
