Con una votación de 14 a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia dio luz verde este miércoles a la creación de una tasa de seguridad que será cobrada a través de las facturas de servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6, así como a usuarios industriales, comerciales y oficiales. La medida, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, tiene como objetivo recaudar $1,1 billones entre 2025 y 2027 para fortalecer la seguridad en el departamento.
La polémica iniciativa generó un choque entre los gobiernos de Medellín y Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó abiertamente la decisión y aseguró que no permitirá que Empresas Públicas de Medellín (EPM) incluya el cobro en sus facturas. “No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas que afecten a ciudadanos y empresas. Como presidente de la Junta Directiva de EPM, no permitiré que se haga dicho cobro”, afirmó Gutiérrez.
Por su parte, el gobernador Rendón defendió la tasa como una necesidad para enfrentar la crisis de seguridad que vive el departamento. Según explicó, los recursos se destinarán a cinco frentes prioritarios: $600.000 millones para cámaras de seguridad, $300.000 millones en placas polideportivas, $194.000 millones para la construcción de una cárcel departamental, $114.000 millones para dotación del Ejército y la Policía, y $42.000 millones para mejorar infraestructuras militares y policiales. “La realidad por fuera de Medellín es difícil y debemos actuar. Esta medida busca proteger a todos los antioqueños”, señaló Rendón.
La aprobación se logró pese a la resistencia de sectores como Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial, que argumentaron que el tributo no fue concertado y afecta a empresarios ya golpeados por la economía. También hubo cuestionamientos legales por parte de EPM, que advirtió sobre riesgos de inseguridad jurídica y posibles investigaciones administrativas derivadas del cobro.
La tasa de seguridad aprobada evidencia las tensiones políticas y sociales entre Medellín y la Gobernación de Antioquia. Mientras Rendón apela a la necesidad de recursos para enfrentar retos en seguridad, las críticas de Gutiérrez y el sector privado reflejan un rechazo a lo que consideran una carga económica adicional. Sin embargo, la medida pone de relieve un desafío mayor: la falta de estrategias consensuadas entre gobiernos locales y departamentales para abordar problemas estructurales como la inseguridad, dejando en evidencia las fracturas en la gobernanza regional.
