Amelia Pérez Parra, abogada y externada del proceso de selección para la Fiscalía General de la Nación, se posesionó como la nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El acto fue liderado por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien actualmente cumple funciones presidenciales mientras Gustavo Petro se encuentra en Uruguay.
La llegada de Pérez a la SAE está marcada por el mandato del presidente Petro, quien le encomendó la tarea de entregar los bienes incautados a estructuras criminales “al pueblo”. Este enfoque busca transformar el destino de los activos, tradicionalmente subastados o administrados por la entidad, hacia un uso con impacto social.
Un proceso complicado para llenar la vacante
El nombramiento de Pérez cierra un capítulo de incertidumbre tras la salida de Daniel Rojas, quien dejó la SAE para asumir como ministro de Educación. Inicialmente, la Presidencia había postulado a Diego Cancino, exviceministro del Interior, para el cargo. Sin embargo, la nominación fue retirada luego de que una denuncia por acoso sexual en su contra saliera a la luz, lo que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía.
Pérez llega a la SAE tras haber renunciado a su inclusión en la terna para la Fiscalía General, luego de que resurgieran polémicos trinos de su esposo, en los que se criticaba a medios de comunicación y opositores al gobierno. Este antecedente no ha empañado su designación, que ahora estará bajo la lupa de quienes esperan un manejo transparente y efectivo de los bienes incautados.
Desafíos al frente de la SAE
Con un historial de escándalos y cuestionamientos por la administración de los activos, Pérez enfrenta el reto de reformar y fortalecer la entidad. La SAE maneja miles de bienes provenientes de actividades ilícitas, cuya recuperación y redistribución son esenciales para combatir el crimen organizado y generar beneficios sociales.
El nombramiento de Amelia Pérez refleja el interés del Gobierno Petro en imprimir un sello ideológico en la gestión de los bienes incautados. Sin embargo, la SAE necesita algo más que intenciones: requiere reformas estructurales, procesos transparentes y una dirección que recupere la confianza ciudadana. El éxito de Pérez dependerá de su capacidad para articular la misión encomendada con las demandas de eficiencia y transparencia que exige este sector.
