Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció este jueves que los 80 carrotanques adquiridos para abastecer de agua a comunidades vulnerables en La Guajira finalmente entrarán en operación. La compra de estos vehículos, realizada a inicios de 2024, se había convertido en el centro de un escándalo de corrupción y negligencia, lo que retrasó su funcionamiento por casi un año.
Según Carrillo, el principal obstáculo fue la ausencia de seguros todo riesgo, un requisito indispensable para que estos vehículos pudieran circular. Tras varios procesos fallidos de adjudicación y polémicas con el sector asegurador, los carrotanques quedaron asegurados a través de La Fiduciaria, entidad estatal encargada de ampararlos. Este paso, aunque necesario, le costó al Estado 1.600 millones de pesos.
“El viacrucis terminó”, afirmó Carrillo, señalando que este retraso representó “demasiado sufrimiento” para las comunidades afectadas. Además, apuntó a la administración anterior de la UNGRD como responsable de las irregularidades y negligencia en la gestión de estos recursos. “Los ampones que se apropiaron de la UNGRD paralizaron este proyecto por miedo a detonar más escándalos”, indicó.
Un historial de corrupción y sobrecostos
La adquisición de estos carrotanques no ha estado exenta de controversias. El contrato, calificado como uno de los más polémicos de la gestión de Olmedo López al frente de la UNGRD, incluyó multimillonarios sobrecostos y fallas administrativas que derivaron en procesos legales contra al menos 15 funcionarios. La negligencia en la gestión no solo dejó a los vehículos arrumados durante meses en una base militar de Uribia, sino que también impidió que las comunidades más afectadas por la sequía recibieran el suministro de agua prometido.
Compromiso con las comunidades de La Guajira
Carrillo afirmó que los carrotanques comenzarán a operar en las próximas semanas para llevar agua potable a las comunidades más necesitadas de La Guajira, donde la sequía ha sido una problemática constante. Sin embargo, enfatizó que los vehículos deben estar en óptimas condiciones para recorrer las carreteras del departamento, un proceso que requiere supervisión y compromiso continuo.
El retraso en la implementación de estos carrotanques evidencia cómo la corrupción y la ineficiencia en la administración pública afectan directamente a las poblaciones más vulnerables. Aunque la activación de los vehículos es un avance, el costo adicional de $1.600 millones en seguros resalta la improvisación y los vacíos en la planeación inicial. Es imperativo que la UNGRD recupere su credibilidad y garantice que este tipo de escándalos no vuelvan a repetirse, especialmente cuando están en juego recursos destinados a resolver crisis humanitarias.
