La decisión del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de suspender temporalmente la recolección del formulario C600 en 2024 ha encendido una alerta roja en el sector educativo colombiano. Este instrumento es fundamental para la operación estadística de Educación Formal (EDUC), una herramienta esencial que provee información sobre deserción, calidad e inequidad en la educación superior.
El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana calificó la suspensión como “un hecho sin precedentes”, subrayando los riesgos de trabajar a ciegas en un momento crítico para el sector. Según Gloria L. Bernal, directora del LEE, este vacío limita la capacidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de los investigadores para diseñar políticas informadas que beneficien a millones de estudiantes. El impacto podría ser acumulativo, afectando la planeación educativa a mediano y largo plazo.

El Dane argumenta que la pausa responde a un plan de modernización de la operación EDUC en conjunto con el MEN, con la intención de actualizar métodos de recolección y atender las demandas actuales del sistema educativo. La institución aseguró que la recolección de datos se reanudará en el primer trimestre de 2025 y que la interrupción es temporal. Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo por la comunidad académica, que exige mantener la continuidad de los datos mientras se implementan los ajustes.
Esta situación ocurre en un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos presupuestales. El Icetex, por ejemplo, reporta una crisis financiera severa atribuida a recortes presupuestales, que pone en duda la continuidad de sus programas en 2025. Aunque el Ministerio de Educación ha negado un recorte de $432.000 millones, la incertidumbre ha generado tensiones entre estudiantes y universidades.

La interrupción en la recolección de datos educativos evidencia una preocupante desconexión entre las prioridades gubernamentales y las necesidades del sistema educativo. En un momento en que la crisis financiera del Icetex amenaza con desestabilizar el acceso a la educación superior, decisiones como esta profundizan el desconcierto sobre la capacidad del Gobierno para abordar las crecientes demandas del sector. La modernización de instrumentos estadísticos es vital, pero no puede hacerse a expensas de sacrificar la continuidad y calidad de la información que sustenta la política educativa del país.