Este martes, en medio del inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo de 2025, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sorprendió con una propuesta que marca un fuerte contraste con las expectativas sindicales: un incremento del 2,5%, equivalente a $32.500 adicionales al salario básico mensual, sin incluir el auxilio de transporte.
La propuesta, revelada en la reunión preliminar entre empresarios, sindicatos y el Gobierno, se encuentra muy por debajo del dato proyectado de inflación, estimado entre el 5% y 5,2%, y lejos de los planteamientos de las centrales obreras, que abogan por un incremento de al menos el 10%, equivalente a $130.000. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó la cifra de Acopi como insuficiente para garantizar un aumento digno y aseguró que se mantendrán firmes en su objetivo de lograr un ajuste de doble dígito.
El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una postura moderada, proponiendo un incremento del 6,2%, basado en la suma de la inflación estimada y un punto de productividad laboral. Esta postura busca mantener un equilibrio entre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y las limitaciones económicas de las empresas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también apoya un incremento alrededor del 6%, alertando sobre los riesgos económicos de un aumento excesivo. Según Anif, incrementos por encima de esta cifra podrían exacerbar la informalidad laboral y afectar negativamente a los trabajadores que no están protegidos por un contrato formal.
La propuesta de Acopi refleja el temor de las micro y pequeñas empresas ante una posible desaceleración económica en 2025. Sin embargo, su planteamiento contrasta drásticamente con las demandas sindicales y el consenso técnico sobre el impacto inflacionario y productivo. El desafío para el Gobierno será lograr una concertación que no solo promueva el bienestar de los trabajadores, sino que también equilibre las realidades económicas de las empresas, especialmente las más vulnerables. Un fracaso en alcanzar un acuerdo podría erosionar la confianza en los procesos de negociación colectiva y agravar las tensiones laborales en el país.
