El juez 76 de Control de Garantías de Bogotá ordenó este lunes la liberación de Andrés Camilo Sotelo, imputado por su presunta participación en el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector general de la Policía Nacional. Según el magistrado, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que Sotelo fue quien disparó el arma que acabó con la vida del joven de 21 años.
El crimen ocurrió en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, durante un encuentro en el que la familia de una menor, con quien la víctima habría mantenido comunicaciones de índole sexual, lo confrontó. La discusión escaló hasta un altercado que terminó con un disparo fatal. La Fiscalía había señalado a Sotelo como el responsable de accionar el arma, basándose en el testimonio del escolta de Rincón, Sergio Rico, y grabaciones de cámaras de seguridad.
Sin embargo, los informes balísticos del CTI y la necropsia determinaron que el arma de Sotelo, un dispositivo de aire comprimido, no tenía la capacidad de causar la herida mortal. Por el contrario, los peritajes apuntaron que la única arma apta para disparar y provocar el daño era la pistola Sig Sauer del escolta de la víctima. Ante esto, el juez criticó la debilidad del caso presentado por la Fiscalía y señaló que su argumento principal, basado exclusivamente en el testimonio del escolta, no era suficiente para sustentar la detención.
Aunque Sotelo fue liberado, no ha sido desvinculado del proceso y deberá enfrentar las acusaciones de homicidio doloso agravado y porte ilegal de armas. Él insiste en que no fue el responsable del disparo y asegura que el escolta de Rincón fue quien accionó el arma. Por su parte, la Fiscalía deberá reforzar su caso para aclarar los hechos en un proceso que sigue cargado de interrogantes y que ha desvelado denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos por la víctima.
Este caso expone serias fallas en las investigaciones judiciales y plantea preguntas sobre el manejo de las pruebas por parte de la Fiscalía. Además, el trasfondo del caso, que involucra acusaciones de abuso sexual y un presunto encubrimiento, deja un panorama complejo sobre las dinámicas de justicia en el país. En este contexto, la liberación de Sotelo se suma a las dudas sobre la claridad y efectividad del sistema penal para resolver casos de alto impacto con celeridad y precisión.
