El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el diputado Luis Peláez, que busca anular el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La designación, realizada en agosto de 2024, ha sido motivo de controversia por presuntas irregularidades en el proceso de selección.
La importancia estratégica de ISA en el sector energético del país eleva el peso de esta decisión. La compañía, controlada en un 51,41 % por Ecopetrol y con un 8,92 % de participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), es clave para la infraestructura energética nacional. Según la demanda, no hubo unanimidad en la junta directiva para la elección de Carrillo, un hecho que podría invalidar el nombramiento.
El Consejo de Estado, mediante resolución, solicitó que se entreguen las actas de la reunión donde se tomó la decisión, las cuales serán fundamentales para esclarecer si se cumplieron los procedimientos legales. Además, se denunció que la designación no fue registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín, lo que podría constituir otra irregularidad en el proceso.
En su decisión, el Consejo de Estado afirmó su competencia para abordar el caso, al tratarse de un acto administrativo relacionado con el nombramiento en una entidad pública de orden nacional. Este revés jurídico coloca en el centro del debate la transparencia en las decisiones de las juntas directivas de empresas clave para el país, especialmente en sectores estratégicos como la energía.
El caso de Jorge Carrillo evidencia los retos que enfrenta Colombia en términos de buen gobierno corporativo en las empresas estatales. La falta de consenso en la junta directiva de ISA y las denuncias sobre irregularidades reflejan posibles tensiones entre intereses políticos y la necesidad de preservar la autonomía técnica en entidades estratégicas. El desenlace de esta demanda será crucial no solo para la gobernabilidad de ISA, sino también para la confianza en las decisiones de las entidades públicas.
