El Ministerio de Educación Nacional se prepara para implementar un decreto que reduciría a seis horas continuas la permanencia diaria de los docentes en las instituciones educativas. La medida busca flexibilizar la carga laboral de los maestros, pero plantea dudas sobre su impacto en la jornada escolar, la calidad del aprendizaje y el funcionamiento de las escuelas con recursos limitados.
La nueva norma, que modifica el Decreto 1075 de 2015, establece que los docentes dedicarán 22 horas semanales a actividades académicas, incluyendo descansos pedagógicos, con las seis horas continuas distribuidas en jornadas de mañana o tarde. El tiempo restante será usado para actividades curriculares complementarias realizadas de manera autónoma por los maestros. Aunque esto pretende optimizar la carga docente, también implica desafíos significativos para garantizar las horas mínimas de aprendizaje establecidas por ley.
Implicaciones para la jornada única y el déficit docente
En colegios con jornada única, la reducción del tiempo presencial de los maestros podría agravar problemas existentes como el déficit de personal. A pesar de que el decreto otorga autonomía a los rectores para reorganizar horarios, no contempla soluciones presupuestales ni estrategias para contratar más docentes, una necesidad evidente ante estas nuevas exigencias. Según expertos, la norma podría forzar a las instituciones a reducir el tiempo efectivo de clase, afectando el cumplimiento del plan de estudios y el aprendizaje de los estudiantes.
Además, la inclusión del descanso pedagógico dentro de las horas lectivas genera inquietudes. Aunque se considera parte del currículo, su integración disminuye el tiempo disponible para las materias, complicando aún más el cumplimiento de las intensidades horarias mínimas en secundaria y media.
Riesgos sociales y educativos
La disminución de la permanencia de los estudiantes en el aula podría tener consecuencias más allá del rendimiento académico. Menos tiempo en las instituciones aumenta la vulnerabilidad de los menores frente a riesgos sociales, especialmente en zonas donde las escuelas son espacios seguros que previenen la deserción y ofrecen estabilidad a las familias.
Mientras el Ministerio justifica la medida como una forma de atender el bienestar docente, críticos alertan sobre la desconexión con las realidades operativas del sistema educativo y la falta de un enfoque integral. Sin un respaldo financiero adecuado y soluciones específicas para cada contexto, esta normativa podría deteriorar la calidad educativa y exacerbar las desigualdades en el acceso a la educación.
Si bien la intención de aliviar las cargas docentes es válida, el decreto parece priorizar la forma sobre el fondo, dejando sin respuesta las dificultades estructurales del sistema educativo. Sin un aumento en la planta docente ni recursos adicionales, esta medida arriesga perpetuar las desigualdades y comprometer el desarrollo integral de los estudiantes. La flexibilidad debe ser un medio para mejorar, no una excusa para desatender las necesidades reales del sector.
