Un tribunal especializado de Bogotá condenó a Kevin Hernández y Edwin Murcia a 18 y 20 años de prisión, respectivamente, por el violento ataque perpetrado contra el CAI La Aurora, ubicado en la localidad de Usme, en medio de las protestas del 4 de mayo de 2021. El acto, calificado como terrorismo agravado, incluyó el uso de bombas incendiarias con el objetivo de prender fuego a la estructura mientras 15 policías permanecían refugiados en su interior.
La noche de los hechos fue una de las más críticas del estallido social de 2021, con múltiples disturbios en distintas ciudades del país. En el caso de La Aurora, una multitud atacó el CAI con piedras, palos y explosivos caseros. Según el juez quinto especializado, Hernández y Murcia lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de los ventanales debilitados del recinto, lo que casi provoca la tragedia de los uniformados, quienes lograron escapar con vida gracias a la intervención oportuna de sus compañeros.
La condena incluyó, además de los cargos por terrorismo agravado y violencia contra servidor público, la imputación adicional a Edwin Murcia por tenencia, fabricación y tráfico de explosivos. En su residencia se encontraron dos artefactos peligrosos que coincidieron con las sustancias empleadas en el ataque. Estas pruebas fueron clave para que el juzgado emitiera la sentencia, apoyada también en grabaciones de cámaras de seguridad y testigos.
El caso marcó un precedente en la justicia colombiana, al reforzar la condena contra actos violentos cometidos durante las manifestaciones. Mientras tanto, las pruebas presentadas por la defensa fueron desestimadas por el juez, quien las calificó como «contradictorias e inconsistentes».
La sentencia pone en evidencia la línea roja entre la protesta legítima y los actos de violencia extrema que, bajo el manto del estallido social, buscaron generar caos e intimidación. Si bien el derecho a la manifestación pacífica está protegido por la Constitución, los ataques dirigidos a la infraestructura pública y las fuerzas del orden no solo son inaceptables, sino que representan un peligro directo para la estabilidad y el Estado de derecho. El caso de La Aurora debe servir como advertencia para que los responsables de este tipo de actos enfrenten la justicia, y para que las manifestaciones futuras se enmarquen dentro de la legalidad y el respeto a la vida.
