El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente al padre Francisco de Roux en medio de las acusaciones que lo vinculan con el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el sacerdote jesuita Darío Chavarriaga en los años 70. En una declaración emitida el domingo, Petro calificó a De Roux como «un hombre íntegro» y aseguró que con gusto lo condecoraría por su labor al servicio de las comunidades más vulnerables de Colombia.
“Lo conozco personalmente y creo profundamente en las energías que me transmite cuando estoy en su presencia”, afirmó el mandatario, destacando la labor social que De Roux ha realizado a lo largo de su vida, especialmente en temas de reconciliación y justicia. Petro también reconoció la gravedad de las denuncias y la importancia de que los hechos sean esclarecidos.
El pronunciamiento surge en un contexto de creciente polémica tras las investigaciones que vinculan al padre De Roux con omisiones en la denuncia de los presuntos crímenes cometidos por Chavarriaga, mientras lideraba la Compañía de Jesús en Colombia. Según el abogado defensor del sacerdote, Juan David Riveros, De Roux solicitó ser escuchado en interrogatorio por la Fiscalía para colaborar con las indagaciones y despejar cualquier duda sobre su proceder en ese entonces.
La Fiscalía ya compulsó copias a un fiscal competente para determinar si el sacerdote incurrió en delitos como favorecimiento y omisión de denuncia. En paralelo, sectores políticos y sociales han pedido celeridad en el proceso. Mientras algunos defienden la integridad del padre De Roux, otros, como la senadora María Fernanda Cabal, han cuestionado su papel en el caso, exigiendo que asuma responsabilidades si se comprueban irregularidades.
El respaldo de Petro al padre De Roux refleja un enfoque personal y político en un caso que pone a prueba tanto la institucionalidad de la Iglesia como la confianza de la sociedad en figuras prominentes de la reconciliación. Si bien la integridad de De Roux ha sido reconocida ampliamente por su trabajo con comunidades afectadas por el conflicto armado, las acusaciones por encubrimiento de pederastia representan un reto ético y jurídico significativo. El proceso no solo determinará su responsabilidad, sino que también marcará un precedente en la lucha contra el abuso y la impunidad en Colombia.
