El presidente Gustavo Petro anunció la renegociación de un artículo clave en los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea, después de que Colombia perdiera una demanda internacional por 380 millones de dólares a favor de Telefónica, dueña de Movistar. La decisión busca evitar que futuros litigios en el país sean resueltos en tribunales internacionales, una práctica que, según el mandatario, vulnera la soberanía judicial de la nación.
Durante un evento en la Casa de Nariño, Petro encomendó al ministro de Comercio, Germán Reyes, revisar el artículo que permite trasladar disputas a estos tribunales. El presidente también destacó que en 2025, cuando asuma la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), planteará la renegociación de este tipo de cláusulas con la Unión Europea. «No es la justicia del socio, es la justicia del país la que se privilegia», sentenció Petro, criticando los efectos negativos de acuerdos que calificó como “lesivos para la soberanía nacional”.
El fallo, que favoreció a Telefónica en un tribunal de España, representa un golpe económico significativo, equivalente a más de 2,5 billones de pesos. Petro atribuyó la responsabilidad de este resultado a decisiones tomadas por gobiernos anteriores, señalando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por privatizar Telecom y al expresidente Iván Duque por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Petro, esta pérdida económica “completa el despojo” del patrimonio nacional en el sector de las telecomunicaciones.
La controversia también alcanzó al senador David Luna, quien fue señalado por Petro de interponer la demanda que resultó en el millonario fallo en contra de Colombia. «El señor Luna, con su ignorancia jurídica, terminó regalando a Telefónica lo poco que quedaba de Telecom», afirmó el mandatario.
Análisis: La decisión de renegociar aspectos del TLC refleja un enfoque crítico hacia los tratados comerciales que, aunque abren mercados, pueden exponer a Colombia a millonarias sanciones internacionales. Este caso reabre el debate sobre la conveniencia de mantener cláusulas que priorizan tribunales extranjeros por encima de la justicia local, un tema que genera tensiones entre quienes defienden la estabilidad jurídica para atraer inversión y quienes advierten sobre la pérdida de soberanía económica. La verdadera prueba será si la renegociación resulta factible, dado el peso de los intereses internacionales en juego.
