Tras una serie de intensas negociaciones entre el Congreso y el Gobierno Nacional, se logró un consenso sobre el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca reestructurar la distribución de recursos desde el nivel central hacia los territorios. Este acuerdo, que establece un incremento del 39,5 % en las transferencias durante un período de 12 años, representa un avance significativo para fortalecer la autonomía regional en Colombia y mejorar la cobertura en áreas como educación y salud.
El nuevo esquema de transferencias aprobado por el Senado de la República contempla una transición de 12 años, en lugar de los 10 años inicialmente propuestos. Esta decisión responde a la necesidad de una implementación gradual que permita un ajuste fiscal sostenido y un proceso de adaptación adecuado en las regiones. La reforma se enfoca, además, en cerrar brechas sociales, priorizando recursos para departamentos con altos índices de pobreza y desigualdad, y aumentando la inversión en educación preescolar y superior. Según el coordinador ponente, el senador Ariel Ávila, estos cambios son esenciales para impulsar un desarrollo más equitativo en todo el país.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el condicionamiento del crecimiento de recursos a la sostenibilidad fiscal, en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta medida busca evitar que el incremento en las transferencias genere un déficit en las finanzas nacionales, una preocupación expresada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien advirtió sobre los riesgos de una carga excesiva para la caja estatal. En consecuencia, el proyecto incluye un «candado» legislativo que condiciona los recursos al cumplimiento de una ley de competencias que debe ser presentada por el Gobierno en un plazo no mayor a seis meses.
El acuerdo final recibió opiniones mixtas. Mientras algunos senadores y expertos, como Juan Pablo Gallo y Henry Amorocho, reconocieron los avances en favor de la autonomía regional, también señalaron la necesidad de un análisis técnico más profundo para asegurar la sostenibilidad de estas transferencias a largo plazo. Por su parte, organismos como Anif y Fedesarrollo respaldaron la reforma como un paso necesario, aunque advirtieron que la autonomía regional no puede comprometer el cumplimiento de la regla fiscal. Con la aprobación de este proyecto en el Senado, el país avanza hacia una distribución más justa de los recursos, pero aún quedan debates pendientes para perfeccionar el sistema y asegurar que el desarrollo regional no se convierta en una carga insostenible para las finanzas de la nación.
