El Consejo de Estado admitió una demanda en contra de la resolución que nombra como gestores de paz a líderes de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, incluyendo a alias “Firu”, quien fue interceptado en julio en Antioquia en una caravana de la UNP (Unidad Nacional de Protección) mientras transportaba armas y dinero en efectivo. Este recurso jurídico, presentado por el ciudadano Santiago Suárez Morales, solicita que se anule la resolución, argumentando que es «contraria a la Constitución y a los códigos Penal y Administrativo», además de ir en detrimento de los derechos de las víctimas de estos grupos.
La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro bajo la Resolución 345 del 30 de agosto de 2024, se extiende por seis meses y abarca todo el territorio nacional, incluyendo a cuatro líderes disidentes. Entre las funciones asignadas a estos gestores de paz se encuentran la asistencia a diligencias judiciales y la creación de informes mensuales dirigidos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La figura de gestor de paz ha sido controvertida, ya que implica un rol en el proceso de “paz total” del gobierno, lo que para muchos abre un espacio para la reconciliación, pero para otros genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas de justicia y reparación.
Alias “Firu”, conocido también como Édgar de Jesús Orrego Arango, se ha convertido en un foco de controversia debido a su captura junto con otros dos cabecillas disidentes en un retén en la vereda Porcesito, en Cisneros, Antioquia, donde fueron detenidos por más de ocho horas. Según testigos, el grupo estaba armado, aunque presentaron documentos que los eximían de órdenes de captura, lo que provocó tensiones y cuestionamientos sobre el operativo.
La demanda subraya la necesidad de salvaguardar los derechos de las víctimas y de asegurar que los disidentes designados como gestores de paz enfrenten procesos judiciales que garanticen justicia y reparación. Con esta admisión, el Consejo de Estado entra en una evaluación crucial para definir el futuro de una política que ha despertado pasiones encontradas y que, según algunos expertos, podría sentar precedentes sobre el alcance y las limitaciones de la paz negociada en Colombia.
