La reciente resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que afecta directamente a las principales generadoras de energía en el país como EPM, Enel e Isagén, ha generado una fuerte controversia en el sector energético colombiano. La norma obliga a estas empresas a seguir suministrando energía a la comercializadora Air-e, a pesar de que esta última no cuenta con garantías financieras suficientes para cumplir con sus pagos, generando serios riesgos para el equilibrio financiero de las generadoras.
Desde que Air-e fue intervenida por el Gobierno en septiembre de 2024, la situación financiera de la empresa ha empeorado, acumulando una deuda de aproximadamente $800.000 millones con las generadoras de energía. La resolución ministerial, que inicialmente tenía una vigencia de un mes, fue extendida hasta diciembre, generando preocupación entre los actores del sector que temen que el Gobierno continúe prorrogando esta medida, agravando las tensiones económicas en un momento crítico para la industria energética.
El temor más grande que expresan los generadores es que la situación se convierta en un «efecto bola de nieve», donde las deudas acumuladas por Air-e continúen creciendo y afecten la capacidad operativa de las generadoras. Según una fuente del sector, esta situación ha llevado a que otros actores califiquen la medida como una forma de «expropiación encubierta», ya que obliga a las empresas a suministrar un recurso sin garantías de pago.
Los gremios del sector energético, como la Asociación Nacional de Generadores (Andeg) y Asocodis, han advertido sobre las implicaciones a largo plazo de esta medida. Señalan que no solo afecta el flujo de caja de las empresas, sino que también podría poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en un contexto donde ya se enfrentan desafíos como los bajos niveles de embalses y un déficit en la generación térmica.
