El anuncio del nombramiento de casi 1.200 nuevos funcionarios en la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición política en Colombia. Este miércoles, 16 de octubre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, firmó un decreto que autoriza la creación de estos nuevos cargos, lo que ha sido duramente cuestionado por miembros de sectores políticos contrarios al Gobierno.
Entre los nuevos cargos se encuentran 1.000 oficiales de protección, que reemplazarán a los escoltas que actualmente están subcontratados con empresas privadas. Además, se incorporarán 16 profesionales especializados, 80 profesionales universitarios de grado 11, otros 10 de grado 1, 64 técnicos administrativos y 16 profesionales adicionales.
Este incremento en la planta de personal de la UNP fue calificado como un «lujo» y «derroche» por figuras de la oposición, como el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático. Briceño criticó duramente la decisión, señalando que los costos asociados a la UNP ya alcanzan cifras exorbitantes. “1.170 nuevos puestos burocráticos para la Unidad Nacional de Protección, que en 2 años ya ha contratado 5.4 billones de pesos (el presupuesto de Antioquia) en camionetas blindadas y escoltas”, afirmó Briceño.
El concejal también añadió que la entidad está “podrida y corrupta” y que los colombianos están pagando un alto precio por lo que considera un exceso de gasto en lujos y seguridad. Estas declaraciones alimentan el debate sobre la gestión de la seguridad en Colombia, especialmente en el contexto de la creciente demanda de protección para líderes sociales y figuras públicas que enfrentan amenazas constantes.
